Para dentro de dos años, el volumen anual de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) será de 65,4 millones de toneladas, un peso equivalente a 200 edificios como el Empire State de Nueva York o 11 construcciones como la Gran Pirámide de Guiza. Esta alarmante previsión, basada en datos recopilados por expertos de la iniciativa StEP (Solving the E-waste Problem) de la ONU, representa un salto global del 33% en la generación de basura electrónica en sólo cinco años. Este creciente problema global de los residuos electrónicos ha sido representado gráficamente en el primer mapa mundial interactivo de basura electrónica.
De acuerdo con este mapa, los españoles generamos una media de 18,4 kg por persona de residuos con los viejos ordenadores, móviles o consolas que tiramos anualmente. Sin embargo, de esos sólo reciclamos 3,4 kg, con lo que una buena parte de esa basura acaba en descampados, chatarrerías o desguaces. Además, la mayoría de estos productos contienen sustancias como bromo, cadmio, fósforo o mercurio que pueden ser muy dañinos para la salud y el medio ambiente.
Con el objetivo de fomentar el reciclado y la reutilización de estos aparatos, así como estimular el empleo verde, el Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto de RAEE que incluye una batería de nuevas medidas para mejorar su recogida separada y gestión.
En primer lugar, las tiendas de electrónica con una superficie igual o superior a los 400 metros cuadrados, estarán obligadas a recoger pequeños dispositivos usados -de menos de 25 centímetros- sin cargo alguno ni necesidad de compra por parte de los clientes. Asimismo, y por primera vez, la venta de estos productos a través de Internet deberá garantizar igualmente que los compradores puedan entregar los residuos que generen, de igual manera que en las tiendas físicas.
En concreto, el Gobierno se ha marcado como objetivos específicos la reutilización a partir de 2017 del 2% de en el caso de grandes electrodomésticos y del 3% en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños, ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos.
La nueva normativa incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y supervisión por parte de las administraciones públicas, en lo referente a la gestión de estos residuos, y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones. Para ello, ha creado una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de RAEE, así como una Oficina de asignación de recogidas.
Por último, el Real Decreto introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico (y no solo de ámbito nacional como hasta ahora) y que se establecerán, entre otros parámetros, en función de la población de la Comunidad Autónoma para que éstas puedan ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva.
